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La Ley 2/2023, de 20 de febrero, que traspone la conocida como Directiva Whistleblowing (Directiva (UE) 2019/1937), establece la obligación de las empresas con más de 50 trabajadores y de todas las entidades públicas de disponer de un sistema interno de información mediante el que se pueda informar sobre vulneraciones del ordenamiento jurídico en el marco de una relación profesional.
